09-05-2014- Rectificación en el copago de la ayuda a domicilio para personas dependientes

 «Llevaremos a la Junta una propuesta de ley para no cobrar los atrasos en los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de abril de 2014». Con estas palabras, la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ponía ayer fin a una polémica suscitada el pasado mes de marzo. En ese momento, EL COMERCIO publicó que el Principado estaba enviando cartas a grandes dependientes en las que les reclamaba hasta 5.000 euros. Deuda generada por el copago de ayuda a domicilio y teleasistencia. Unas facturas que incluían una subida de hasta el 200% en el precio de la hora cuyo pago el Gobierno asturiano exigía en febrero de este año con carácter retroactivo a julio de 2013.
Las quejas de los usuarios no se hicieron esperar. La mayoría, grandes dependientes que necesitan el servicio para levantarse de la cama, asearse o ir al baño, comenzaron a renunciar masivamente al servicio. Uno de cada tres, en el último año. Todos por no poder pagar la factura.
Su situación motivó tanto la protesta del Colegio de Trabajo Social que pidió al Principado «una solución urgente», como varias iniciativas parlamentarias de los grupos de la oposición. La última, una proposición no de ley firmada por Foro, IU y UPyD, que se debatirá hoy en el Parlamento y a la que está prevista el voto favorable del PP. Todos unidos en la exigencia al Principado de que eliminara ese copago retroactivo.
La respuesta a todas ellas de la consejera fue siempre que «eso no es posible», argumentando que la ley «no permite no cobrar este copago, impuesto por el Gobierno central».
Unas palabras que ayer Esther Díaz rectificó, aunque sin hacer mención a ellas. En una rueda de prensa en la que no hizo referencia a los debates parlamentarios, ni a que las facturas se elevaron tanto por el copago marcado por el Gobierno central, como por los diez meses que tardó su departamento en enviarlas a los usuarios, la consejera aseguró que el Principado «asumirá íntegramente el coste de los atrasos». Es decir, «algo más de 1,1 millones de euros».

Fuente: El Comercio